(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2008)
El presente trabajo de índole procesal civil, trata de abordar, desde una perspectiva práctica, los serios problemas competenciales que el procedimiento monitorio, procedimiento especial y sumario plantea. Como sabemos fue concebido como un mecanismo ágil y eficaz para el cobro de deudas. El Fiscal, conforme al artículo 3.8 de su Estatuto, aprobado por Ley 50/1981, está obligado a intervenir, posicionándose ya la cuestión o conflicto parta del propio juzgado, ya sea a instancia de parte. El elevado número de estos procedimientos, lo que unido a su complejidad está generando posicionamientos contradictorios entre los diferentes Juzgados de 1.ª Instancia, Mercantiles o incluso Contencioso-Administrativos. Esta situación ha desembocado en nuestro Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales cuya doctrina analizamos, intentando aportar argumentos que decidan si el tipo de procedimiento debe ser conocido por un Juzgado u otro. La ausencia del deudor, su difícil o imposible localización, van a plantear diferentes hipótesis con distintas soluciones o incluso con supuestos de imposible solución.