(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2020)
Tras la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por nuestro ordenamiento y mientras se avanza hacia la conversión en Ley del Anteproyecto de reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad que responde a uno de los nuevos retos de la sociedad del siglo XXI, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido concretando alguna de las cuestiones del cambio radical que está por llegar. Con base en el derecho de igualdad de todas las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica, en la que las personas discapacitadas deben gozar de una capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás, se procede a establecer un sistema de apoyos, cuyo eje central va a ser la curatela, como medida de asistencia y asesoramiento en la toma de decisiones que afecten a sus intereses personales, familiares o patrimoniales.