(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2018)
El propósito de este trabajo es intentar una interpretación evolutiva de la Ley 13/2015, tratando de la repercusión de esta sobre los principios hipotecarios de nuestro sistema registral. Comenzando por el principio de rogación, defendemos que este no sufre ninguna alteración, como principio de carácter formal, por el cual, la sola presentación del título en el Registro y la petición de inscripción pone en marcha el procedimiento registral, que se impulsará de oficio por el registrador, mediante la calificación del título presentado en todos los extremos relativos a las circunstancias que deban constar en la inscripción y redactará, en su caso, el asiento, no en la forma que determinen los particulares al presentar el título y solicitar la inscripción, sino en la forma determinada por la Ley. En este sentido, se defiende que la incorporación de la georreferenciación a la inscripción y la expresión del estado de coordinación gráfica de la finca con el Catastro no requiere una solicitud expresa por parte del interesado en el título, sino que se entiende implícita en la solicitud de inscripción mediante la presentación del título, siendo un acto debido del registrador. Y ello, sin perjuicio de que este pueda practicar en algunos casos el asiento aunque no incorpore la georreferenciación aportada, cuando esta sea de incorporación potestativa para el registrador, por existir una discordancia entre la finca y la realidad física, cuya subsanación requiere una rogación expresa o tácita, por implicar el inicio de un expediente, con notificación a colindantes.