(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2018)
El desarrollo sostenible del sector inmobiliario busca el bienestar de sus habitantes. Los objetivos de Naciones Unidas persiguen una toma de consciencia con relación a la habitabilidad, justicia social y medio ambiente. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la edificación sostenible debe cumplir con los objetivos exigidos de mejora de las condiciones materiales, colaborar con la inclusión social y la justicia, cumplir con una construcción segura, que permita la supervivencia y respete el medio físico. La sostenibilidad también requiere una rehabilitación que busque la eficiencia energética, para lograr los objetivos de eficiencia energética para 2020 y 2030 en la UE. En desarrollo de las Directivas europeas sobre eficiencia energética, la última norma en la materia es la nueva Ley del suelo 7/2015, que acoge los criterios para su desarrollo. La economía colaborativa a través de plataformas on-line ha surgido en los últimos años en respuesta a nuevas necesidades no cubiertas por el sistema económico y social, entre otros, en el ámbito inmobiliario. En origen nace dentro del marco de la sostenibilidad social, económica y ambiental. Hay una gran variedad de supuestos de economía colaborativa en el sector inmobiliario. Los supuestos de viviendas colaborativas ofrecen ventajas incuestionables: se incrementa el número de usuarios, se da preferencia al uso sobre la propiedad, hay beneficios medioambientales, económicos y sociales. Sin embargo, también presentan inconvenientes por el gran impacto de las viviendas colaborativas sobre el derecho a la vivienda, las dificultades de denominación y de regulación, así como los problemas referidos a la estructura urbanística y social de las ciudades, en particular respecto de los sujetos particulares que conviven con la nueva situación. La actividad inmobiliaria mediante plataformas digitales es una nueva realidad social y precisa respuestas jurídicas. La elaboración de un estatuto jurídico supondría el amparo de su utilización. Tal estatuto podría clarificar estructuras más estables: sujetos implicados y capacidad, objeto, contenido —derechos y obligaciones—, y responsabilidades; evitando incertidumbre y fragmentación. Es importante reflexionar sobre ello, especialmente por su gran repercusión en uno de los sectores con mayor peso en España, en términos de Producto Interior Bruto y de empleo, como es el turístico.