(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2016)
La exclusión de la protección frente a cláusulas abusivas cuando nos encontramos con un autónomo o pequeño empresario, actuando fuera de su ámbito profesional y careciendo de la capacidad económica y la fuerza negociadora de las grandes empresas frente a las entidades bancarias que, por ejemplo, solicita un préstamo con garantía hipotecaria para poder ejercer su actividad empresarial y firma un contrato con condiciones abusivas, no tendría justificación legal. Y es que la normativa existente en nuestro Ordenamiento no prohíbe expresamente una interpretación extensiva del control de transparencia (consolidado como comprensibilidad real del clausurado) a la contratación entre empresarios. Por tanto, en aras de la seguridad jurídica y de la protección al adherente que garantiza nuestra legislación, la parte más débil del contrato bajo condiciones generales, así como de la defensa y el equilibrio de todos los bienes e intereses jurídicos concurrentes en este sector del tráfico jurídico patrimonial, deben erradicarse las cláusulas abusivas en la contratación bajo condiciones generales. En definitiva, defendemos la total legitimidad de autónomos y pequeños empresarios, como meros adherentes en una reglamentación predispuesta por la entidad financiera, para exigir la protección jurisprudencial de sus derechos frente a los abusos del sector financiero.