(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2016)
No es afortunado afirmar que en una buena parte de los ordenamientos extranjeros la vivienda familiar del deudor está blindada frente a sus acreedores mientras que en España carecemos de protección al respecto. Lo segundo es lamentablemente cierto pero lo primero requiere no perder de vista las múltiples limitaciones y situaciones en las que la vivienda familiar responde por las deudas de su propietario, incluso en esos ordenamientos en los que la casa goza de una protección específica. En este trabajo se analizan diferentes escenarios legislativos focalizando la atención en el ordenamiento español en el que pudiera recibir una mayor tutela el arrendatario de una vivienda declarado insolvente que el propietario en esas mismas circunstancias. Lo cierto es que la pérdida de la vivienda del deudor no solamente perjudica el interés personal y familiar de este y la posibilidad de una «segunda oportunidad» sino que no beneficia, en absoluto, los intereses del concurso. Esta filosofía es la que inspira, en España, unas recientes resoluciones judiciales sobre la materia que al no reposar en un claro soporte normativo nos llevan a demandar una reforma legislativa inmediata que permita la conservación de la vivienda familiar hipotecada. Y ello porque la liquidación de la vivienda perjudicaría, también, a los acreedores hipotecarios que asistirán, si se abre un fresh start, a la remisión de toda aquella deuda que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía.