(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2014)
Edificios históricos, monumentos, jardines, parques, conjuntos y sitios históricos, en general, están expuestos a riesgos previsibles causados por catástrofes naturales, incendios, especulación, expolio, vandalismo, en general, actos antisociales varios, que pueden hacer que buena parte de nuestro rico Patrimonio Histórico Español6 se convierta, por ejemplo, en vertedero de basuras o sufra la agresión que provocan los grafitis sobre sus muros y paredes. Este deterioro viene sucediendo en los últimos años y evidencia la falta de cultura de Seguridad y Prevención que, lamentablemente, se da hoy en nuestra sociedad a pesar del aluvión de normas de carácter legal y reglamentario que existen. En este trabajo tendremos ocasión de constatar, a través de algunos ejemplos, que desde que fuera promulgada la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, de 25 de junio, y el Reglamento 111/1986, de 10 de enero, que la desarrolla parcialmente en lo que a aspectos procesales y organizativos se refiere, las normas que les han seguido sobre prevención de daños causados por catástrofes naturales, incendios, especulación, expolio, vandalismo y, en general, actos antisociales varios, que inciden directa o indirectamente en la protección patrimonial, requieren de una refundición y reordenación que ponga fin al disperso marco normativo actualmente vigente. Este es, pues, el primer objetivo que nos hemos propuesto en este trabajo de investigación. La cultura de la Prevención aplicada a bienes que componen nuestro rico PHE requiere de esfuerzos interpretativos que vayan más allá de las meras exigencias legales. Nos guía el convencimiento de que, para el mantenimiento y conservación del PHE, las acciones de Seguridad y Prevención tienen más eficacia que las de carácter meramente reparador ya que, tal y como dice el refrán, «más vale prevenir que curar».