(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2013)
En este artículo se tratan de poner de relieve las implicaciones que la reciente STJUE de 14 de marzo de 2013 ha supuesto para nuestro ordenamiento. Se analiza la sentencia y los cambios legislativos que deben hacerse a raíz de la misma. De igual forma se presta especial atención a la jurisprudencia nacional posterior a esta sentencia del Tribunal Europeo, que aplica la nueva doctrina establecida, y se pone de manifiesto la necesidad de armonizar los criterios jurisprudenciales interpretativos de aquella. Se recogen, para ello, las conclusiones de la Jornada de estudio del Consejo General del Poder Judicial al respecto. Por último, se contemplan los cambios legislativos ya aprobados y en vigor, introducidos por la reciente Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas de refuerzo a la protección de los deudores hipotecarios. Todo ello se analiza desde una perspectiva crítica y constructiva.