(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2013)
La controversia jurídica se centra en determinar si el pago de las cuotas del préstamo hipotecario, que grava la vivienda familiar, constituye una carga del matrimonio, integrada en la noción de alimentos y, por tanto, sometida al régimen de contribución de aquella, o estamos ante una deuda de la sociedad de gananciales (art. 1362.2 del CC). La sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de marzo de 2011, opta por esta segunda opción en sede de sociedad de gananciales, tanto constante matrimonio como para las situaciones de crisis conyugal; de forma que las relaciones con el acreedor hipotecario no se rigen tan solo por el régimen económico-matrimonial, sino por las normas que disciplinan la contratación privada, atendiendo al título de constitución del préstamo hipotecario. Por su parte, en esta línea, las sentencias de este mismo Tribunal, de 26 de noviembre de 2012, para el régimen de separación de bienes, consideran que quedan fuera del concepto de cargas del matrimonio (art. 1438 del CC) aquellos gastos que tienen por objeto la adquisición de bienes de inversión aunque se destinen a vivienda familiar y, en consecuencia, si tal bien ha sido adquirido por un cónyuge, la deuda que se deriva de tal adquisición es asumida únicamente por este; mientras que si tal adquisición es conjunta, la propiedad será en pro indiviso ordinario; de forma que ambos son titulares de la deuda, y para su pago se ha de atender a la cuota establecida en la copropiedad.