(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2013)
El principio de responsabilidad patrimonial universal se ha convertido, en tiempos de crisis económicas, en un freno para los emprendedores que ven como los resultados adversos de su empresa pueden suponer la pérdida de todo su patrimonio, incluida la vivienda familiar. Por ello, en algunos países de nuestro entorno se han elaborado dispositivos que permiten al empresario individual limitar la responsabilidad profesional a los bienes que integran un patrimonio afectado, precisamente, a esa actividad profesional. Es el caso del Empresario Individual de Responsabilidad Limitada, creado en Francia por la Ley de 15 de junio de 2010, que supone una ruptura con los postulados clásicos de la teoría del patrimonio. La evidente oportunidad de que se incorpore al ordenamiento jurídico español una institución similar, no puede ocultar la realidad de que se trata de un instrumento jurídico de una gran complejidad técnica que afecta a diferentes ámbitos del ordenamiento jurídico, por lo que debe utilizarse una técnica legislativa muy depurada para evitar que el dispositivo nazca condenado al fracaso. El diseño de los bienes que integran cada patrimonio, la porosidad que existe entre ambos y la incidencia que pueden tener las garantías complementarias, personales o reales otorgadas por el empresario a sus acreedores, son cuestiones que determinarán el éxito o fracaso de la nueva figura. Por ello, analizar cómo se ha regulado en Francia y cuáles son las debilidades del dispositivo, puede ayudarnos a depurar la técnica legislativa, encontrando un equilibrio difícil, pero posible, de todos los intereses en juego: limitar la responsabilidad del empresario sin impedirle el acceso al crédito.