(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2012)
Las pretensiones resarcitorias de daños y perjuicios acaecidos en una residencia de personas mayores de titularidad privada, habrán de ser ejercitadas ante la jurisdicción civil, alegando los principios aplicables en este orden y teniendo presente su configuración subjetiva. De conformidad al artículo 1903 del Código Civil, soportará la legitimación pasiva la entidad que aparezca como titular del centro o alojamiento alternativo, sea esta una persona física o jurídica y esté presente, o no, ánimo lucrativo. Distinto será el régimen aplicable a la responsabilidad patrimonial si la prestación está suministrada por entidad pública, por cuanto se ventilará mediante el ordenamiento administrativo y, en su caso, en vía judicial contencioso-administrativa, sin determinación de la naturaleza contractual o extracontractual de la relación de fondo. Pese a lo anterior, si el evento dañoso ha ocurrido en el seno de una entidad contratista y titular de alguna de las modalidades de gestión del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, habremos de detenernos en la responsabilidad objetiva del contratista. En este sentido resultará preceptivo el análisis de las distintas y contradictorias líneas doctrinales y jurisprudenciales sobre la competencia y sujeto que habrá de asumir el deber indemnizatorio. Caso de que el evento dañoso sea imputable a una entidad, contratista y titular de alguna modalidad de gestión, por ejemplo un centro de carácter concertado, tendremos que advertir que la vía jurisdiccional podrá ser tanto la civil como la contencioso-administrativa.