(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2011)
El control de legalidad de los actos administrativos de naturaleza urbanística inscribibles en el Registro de la Propiedad es materia de extraordinaria relevancia, sobre todo dada la proliferación de resoluciones judiciales declarativas de la ilicitud de tales actos, y cuya ejecución, dirigida al restablecimiento de la legalidad, puede provocar la desaparición del objeto inmobiliario de derechos de propiedad inscritos. Al considerar cual ha de ser la extensión con la que la calificación registral entrará a examinar la concurrencia de los requisitos de validez de tales actos administrativos, se plantea la cuestión de si debe entrar en la adecuación de la decisión administrativa a lo establecido en la norma de planeamiento y a la de esta, a su vez, a la de planeamiento general y a la ley, o si, por el contrario, la revisión de tal adecuación es competencia judicial y en ella no debe entrar la calificación registral. A partir de la crítica a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 19 de mayo de 2011, se procede a considerar los diversos medios previstos por el legislador para evitar el acceso al Registro de la Propiedad de situaciones jurídico urbanísticas claudicantes y se proponen reformas que, sin alterar la competencia básica de registradores, administración y jueces, logren un suficiente y tempestivo control de legalidad de la actividad administrativa inscribible en materia urbanística.