(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2010)
Entre las facultades y prerrogativas que, para la defensa de su patrimonio, concede la Ley 33/2003 a las Administraciones públicas, está la de deslindar en vía administrativa los bienes inmuebles de los que sean titulares cuando se dan los presupuestos que la propia Ley determina. El carácter público de estos bienes dota al deslinde administrativo de una serie de notas específicas que lo diferencian del deslinde civil y que lo configuran como una manifestación del privilegio de autotutela de las Administraciones públicas, permitiéndoles acometer la defensa autónoma e inmediata de sus bienes y derechos sin dependencia de los Tribunales de Justicia, para que puedan llevar a cabo de forma adecuada el cumplimiento de sus fines. Esta posición de supremacía de la Administración se observa claramente en el procedimiento para realizar el deslinde. Pero una de las cuestiones más importantes que se plantean en torno al deslinde administrativo es la de sus efectos, sobre todo en lo relativo a los derechos de los terceros, y, en consonancia con ello, a si el acto administrativo que pone fin al deslinde es suficiente para proceder a la modificación de las inscripciones registrales, pues, aun cuando el deslinde, según la Ley 33/2003, desenvuelve su eficacia en el ámbito estrictamente posesorio, en la legislación sectorial sobre costas, aguas y vías pecuarias se le otorga una eficacia mucho mayor, al derivarse del mismo efectos declarativos de la posesión y de la titularidad demanial, a la vez que se concede al título de deslinde eficacia prevalente respecto de las titularidades contradictorias. Finalmente, la Ley prevé el régimen jurídico para los terrenos sobrantes tras el deslinde, lo cual provoca no pocos problemas, fundamentalmente respecto del destino de los citados terrenos.