(untitled) (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2009)
La prueba acredita que la demandada está afectada por una incapacidad total y permanente que limita funcionalmente la capacidad para regir su persona y administrar sus bienes. Fijación por el TS de las reglas interpretativas que permiten compaginar el sistema constitucional de protección de las personas con falta de capacidad con la Convención de Nueva York de 13 diciembre 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad, y con lo establecido en el Código Civil a partir de la reforma de 1983.