APROXIMACIÓN A LA INSTITUCIÓN DE LA GUARDA DE HECHO. (Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2010)
La guarda de hecho como mecanismo de protección adquiere un reconocimiento legal en el Código Civil, tras la reforma llevada a cabo por la Ley 13/1983, de 24 de octubre, aunque con una escasa regulación, lo que exige una importante labor de complemento y desarrollo doctrinal. Frente a quienes optan por una visión amplia de la guarda de hecho, comprendiendo en ella un gran número de supuestos; otros defienden una concepción más restringida. En todo caso, su ámbito de protección alcanza a los menores de edad y a presuntos incapaces como precisa el artículo 303 del Código Civil, ejerciendo respecto de ellos alguna de las funciones propias de las instituciones tutelares. Precisamente, la protección de personas pertenecientes a determinados colectivos especialmente vulnerables, como el de la tercera edad, o que se encuentra en determinadas situaciones (enfermedad psíquica) o discapacitados, que necesitan el cuidado de su persona y bienes a causa de una disminución no incapacitante de sus facultades físicas o psíquicas (presuntos incapaces), no exige necesariamente que, para lograr la protección de su persona y patrimonio (asimismo ante un eventual desamparo), haya de acudirse al recurso de la incapacitación, sino que pueden existir otros instrumentos respetuosos con su capacidad natural y libre desarrollo de su personalidad, como la guarda de hecho que, provisionalmente y bajo control judicial pueden posibilitar tal protección; incluso la propia Administración puede asumir tal papel como medida judicial cautelar (art. 239.3 del citado cuerpo legal, ante una eventual situación de desamparo -con la consiguiente falta de asistencia moral o material-).En tal contexto, el presente estudio se va a centrar en el análisis de la figura de la guarda de hecho tanto en el ámbito doctrinal y jurisprudencial, y teniendo en cuenta no sólo la regulación que, con relación a tal figura jurídica se contiene en el Código Civil español, sino también en la Ley 13/2006, de 27 de diciembre de Derecho de la persona de Aragón, y en el Código Civil catalán, tras la aprobación del Libro II relativo a la persona y familia por Ley 25/2010, de 29 de julio.