EL SILENCIO ADMINISTRATIVO TRAS EL REAL DECRETO-LEY 8/2011 Y LA CONSIGUIENTE REVISIÓN DE LA ÚLTIMA JURISPRUDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL AL RESPECTO.

Resumen

La instauración del sentido negativo del silencio en relación con la mayoría de las autorizaciones en materia urbanística producida a partir del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, si bien representa la eliminación de la situación de incertidumbre padecida por el peticionario a la que llevó la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2009 al negar su operatividad en el caso del silencio contra legem, da lugar, al mismo tiempo, a primar el incumplimiento de la obligación de resolver de la Administración, renunciando, con ello, a la búsqueda de fórmulas claramente más equilibradas en las que el carácter negativo del silencio quedara limitado a supuestos que exigieran una singular protección, manteniendo el sentido positivo con efectos equivalentes a los del acto expreso de acuerdo con el modelo que introdujo la reforma de la LPC del año 1999, instauración que, por lo demás, obliga a la reconsideración de la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de inscripción de actos administrativos obtenidos por silencio, los cuales con el nuevo régimen legal no serán ya posibles.